Pide al Gobierno que regule sólo la persecución de páginas webs de enlaces, y una moratoria de un año para los usuarios particulares
Ni corte de conexión, ni reducción de la velocidad, ni siquiera avisos. La industria cultural ha dado su brazo a torcer y ha renunciado a la aplicación de cualquier tipo de medida que vaya contra los más de ocho millones de internautas particulares que realizan descargas por Internet. En su lugar, proponen que el Gobierno regule únicamente la persecución de las páginas web que facilitan los enlaces que permiten esas descargas, para que puedan ser desalojadas, o se pueda bloquear su acceso a ellas.
Esta es la propuesta que le han hecho llegar a los ministerios de Industria y de Cultura, la llamada Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que representa a las sociedades de gestión de derechos, y la industria discográfica, cinematográfica y de videjuegos, según anunció hoy el presidente de la Coalición Aldo Olcese. La propuesta, que ha pillado por sorpresa incluso a algunos sectores integrados en la Coalición, se produce tras la ruptura de las negociaciones el pasado mes de abril que mantienen con los operadores de acceso a Internet, agrupados en Redtel.
Olcese aclaró que no se trata de una renuncia definitiva al sistema de avisos, sino de una moratoria de un año, en los que los usuarios de programas de intercambio de archivos p2p (eMule, BitTorrenet, Ares,etcétera) gozarían de plena libertad para realizar descargas. Al término de ese año, se evaluaría la eficacia contra la “piratería” (las comillas son de la Coalición) del sistema centrado en la persecución de las webs y se decidiría si se cambia de modelo.
Este giro de la industria cultural se produce precisamente ante la postura adoptada por Redtel de dejar en manos del Gobierno la responsabilidad de regular las descargas. Los operadores de acceso a Internet ya han avisado que no se volverán a sentar con la Coalición hasta que el Consejo de Ministros no apruebe una normativa. El Ejecutivo, que quería quitarse esta patata caliente dejando en manos de la Coalición y de Redtel el asunto, no tendrá ahora más remedio que tomar una decisión.
La Coalición justifica su propuesta de mínimos en que 200 páginas web, que alojan o enlazan los archivos, son los responsables del 80% del tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música). Olcese denunció además que estás páginas no sólo surten al mercado español sino que se han convertido en una plataforma que “favorece y ampara las descargas ilegales en todo el mundo”, y que ha atraído a las “organizaciones internacionales de piratería de países como Rusia o Kazajistán, gracias a la ausencia de regulación y a la buena calidad de las redes españolas”.
La propuesta de la Coalición consiste en un primer y único aviso a los responsables de estas website para que cesen en su actividad “ilícita” tras el cual, y si no hay rectificación en la conducta, se procedería a la interrupción definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores españoles, el bloqueo para acceder a ellas o la interrupción del servicio. Esta decisión estaría en manos de un organismo administrativo -se propone la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones- que se dotaría de estas competencias merced a una modificación legislativa, en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) o en la nueva ley audiovisual que preparar el Ejecutivo.
Esta es el principal escollo jurídico al que se enfrenta la propuesta de la Coalición puesto que en España, el bloqueo o la intervención de las páginas webs sólo pueden ser decididos por un juez. De hecho, el Parlamento Europeo ha sancionado en mayo pasado esta doctrina recientemente, rechazando la reforma de las telecomunicaciones, y reafirmando que sólo la autoridad judicial puede intervenir las páginas o cortar la conexión a Internet, Más recientemente aún, el Consejo Constitucional francés tumbó la aplicación de la llamada ley Sarkozy, el modelo francés de la persecución de las descargas de archivos, que preveía el corte de conexión bajo mandato de un organismo administrativo (Hadopi) . No obstante, Olcese manifestó su convencimiento de que no planteará problemas legales e indicó que, en todo caso, los responsables de esas webs siempre podrían recurrir la decisión administrativa en los tribunales.
Olcese anunció que en los próximos días darán la lista con los nombres de esas 200 webs, y denunció que muchas de ellas se financian con publicidad de los operadores de telecomunicaciones que “se lucran de la piratería ya que este aumenta el tráfico de sus redes”.
En la parte positiva, la Coalición anunció la creación de una web, que ofrecería a precio asequible un catálogo “casi ilimitado” y de calidad de películas, música y videojuegos, y en el que estarían integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como las industria de contenidos.
Fuente: http://www.elpais.com/
